domingo, 4 de septiembre de 2011

LOS LÍMITES REALES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Hace dos años, la crisis de las caricaturas danesas sobre Mahoma planteó con crudeza un debate que las democracias occidentales aún no han resuelto, quizás porque no puede ni debe resolverse definitivamente, el de los límites a la libertad de expresión. Un debate que se reabría en nuestro país el pasado 20 de julio a raíz del secuestro judicial de un número de ‘El Jueves’, la clausura temporal de su web y la apertura de diligencias penales por injurias a la Corona. La causa: una portada hoy famosa internacionalmente obra de Manel Fontdevila y Guillermo que caricaturizaba a los príncipes. En noviembre se dictaba en tiempo récord una sentencia que -aunque será recurrida- les condena a pagar 3.000 euros de multa cada uno y, de momento, les da pasaporte directo hacia el registro policial de antecedentes penales.

Los autos judiciales de julio, dictados a instancia de la fiscalía, pusieron de manifiesto varias cosas. La primera es que hoy día el secuestro judicial de una publicación constituye una noticia insólita dentro y fuera de España, vista su repercusión a la que sin duda contribuyó en gran medida la difusión por internet, que por cierto ha convertido en ineficaz y obsoleta este tipo de medidas judiciales una vez que la publicación ha llegado al lector. Hace menos de tres décadas los secuestros judiciales eran aún frecuentes gracias a una judicatura todavía con resabios del autoritarismo franquista, pero hoy resultan extraños: el último secuestro de un número de ‘El Jueves’ fue ordenado hace… 21 años. Y se trata de una medida excepcional no sólo a ojos de la opinión pública, también jurídicamente porque la Constitución prohíbe la censura previa y por ello el secuestro debe estar justificado para proteger cautelarmente a terceros afectados. En segundo lugar, el debate público subsiguiente reveló hasta qué punto no se tienen claros los límites de la libertad de expresión. En las opiniones vertidas abundaron las medias tintas y las actitudes hipócritas o de doble moral, y éstas no siempre procedían de “periodistas” de reputación dudosa –algunos tertulianos de programas del corazón justificaron la actuación judicial alegando que el chiste era “muy grosero”– sino también de periodistas reputados e incluso de algún colega de profesión de los humoristas que consideró que “se habían pasado”. Vaya por Dios. Sin embargo, no pocos de tales opinantes habían apoyado sin reparos en 2006 la libertad de expresión de los caricaturistas daneses frente al fanatismo e intolerancia religiosa. Ahora en cambio afirmaban que el chiste de ‘El Jueves’ era “un insulto intolerable” e incluso confundían el dibujo con la realidad o con una foto robada. “Ceci n'est pas une pipe”, repitamos con Magritte. Los reproches más repetidos hacia los caricaturistas fueron los de “zafios” y “groseros”, incluso entre quienes decían apoyar su libertad de expresión. Curiosamente sólo ahora, tras la sentencia condenatoria, algunos de esos defensores del buen gusto empiezan a percatarse de que lo relevante no era la calidad o “mal gusto” del chiste, sino los límites a la libertad de expresión que nos afectan a todos: sólo ahora se dan cuenta de que pueden poner sus barbas a remojar porque la sentencia constituye un precedente peligroso. Al fin y al cabo, las libertades de expresión y de creación artística no sólo están para proteger sus manifestaciones más “sublimes” o de “buen gusto”, puesto que tales valoraciones siempre son subjetivas y dependen del observador, sino también para amparar lo que para algunos –pero puede que no para otros- constituyen expresiones “groseras” o de “mal gusto”. Todos podemos pensar que determinados políticos, periodistas o artistas resultan groseros o zafios en el ejercicio de su libertad de expresión, pero no por ello hay que secuestrar sus obras, cerrar sus medios de comunicación o perseguirles penalmente.

PONIENDO PUERTAS AL CAMPO
Sin embargo, lo anterior no puede llevar a concluir que la libertad de expresión sea absoluta o ilimitada. El artículo 20 de la Constitución menciona esos límites: el respeto a los demás derechos constitucionales y, especialmente, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Son frecuentes los conflictos en los que debe ponderarse la libre expresión con otros derechos -habitualmente, el del honor o la imagen de quien se critica o parodia-, y corresponde a los tribunales dilucidar si ha existido un ejercicio legítimo de la libertad de expresión o bien una extralimitación. Ningún derecho es ilimitado, así lo ha reiterado nuestro Tribunal Constitucional. Sin embargo, según el mismo Tribunal el derecho fundamental a la libertad de expresión goza de una posición –y protección- preferente porque constituye un pilar básico de la democracia en cuanto garantía de una opinión pública libre y del pluralismo político. Y por eso tiende a prevalecer cuando los criticados ejercen cargos de autoridad pública, porque entonces su derecho al honor y a la imagen se “debilita” (sic), según el Tribunal Constitucional, y quedan más expuestos a la información, la crítica y la sátira. Además, en caso de imputarse un delito de injurias debe probarse que hubo auténtica intención de ofender o denigrar, la cual queda excluida por el animus iocandi si la expresión deshonrosa se hizo con intención de bromear en un contexto humorístico en el que nadie podía tomársela en serio.

Sin embargo, nada de eso se ha aplicado en la sentencia sobre ‘El Jueves’ porque, así se deduce de su texto, el objeto del chiste no era una autoridad pública cualquiera sino un miembro de la familia real. Y ésta se encuentra protegida por un delito específico de injurias con mayores penas (hasta dos años de cárcel o sólo multa, dependiendo de las circunstancias), delito que no existe en otras monarquías parlamentarias como el Reino Unido o Suecia, donde no hay una protección especial y, al igual que en otras monarquías europeas, las críticas a la familia real son tan frecuentes como intensas. Por supuesto, en países con jefes de Estado elegidos democráticamente como Francia o Estados Unidos sería inconcebible procesar al autor de una caricatura similar. Al final hemos vuelto a topar con el problema esencial de la monarquía parlamentaria: cómo casar el principio democrático de igualdad con los privilegios de una institución hereditaria. En la práctica, este intento de amordazar las críticas penalmente, sea en el caso ‘El Jueves’ o en las diligencias abiertas en enero de 2007 contra un fotomontaje del Rey en el suplemento satírico del diario ‘Deia’, sólo parecen provocar un aumento de manifestaciones antimonárquicas, véase la reciente quema de fotos en varias ciudades catalanas. Estas medidas penales, además de resultar desproporcionadas y limitar injustificadamente la libre expresión según destacados juristas, están favoreciendo tratos discriminatorios: si el que critica al Rey es Anasagasti o Jiménez Losantos -y éste último incluso podría haberle calumniado-, la fiscalía no actúa.

¿Qué es lo que ha cambiado desde la época del silencio mediático que dejaba libre de toda crítica a la Casa Real? Parece que los años transcurridos desde la incorporación a la legitimidad constitucional de esta monarquía, que en origen fue un legado del anterior régimen, y más concretamente desde que el Rey reforzó su legitimidad popular a raíz de su actuación en el 23-F, no han pasado en balde, y el aura de intangibilidad que le otorgó su papel en la transición ha terminado por desaparecer. Posiblemente porque ese papel, el de puente entre la dictadura franquista y un nuevo régimen democrático que restituyó al que había sido interrumpido por la fuerza en 1936, no por casualidad una República, ya ha sido cumplido. El problema no va a solucionarse sentando a caricaturistas en el banquillo penal. Quizás haya llegado la hora de reabrir el debate sobre la forma política de España, porque puede que ése sea el auténtico problema de fondo. O que lo sea en un futuro próximo si las cosas siguen el rumbo actual.

---

Ya que sacaba al final del post anterior la cuestión de la censura y la persecución penal de caricaturistas, rescato ahora este artículo. Se titulaba LOS LÍMITES REALES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN y lo publiqué en la revista Rockdelux en diciembre de 2007, a propósito del caso suscitado por la famosa portada de El Jueves de Manel Fontdevila y Guillermo, publicada en julio de ese mismo año.

La portada que motivó el secuestro en 2007 y el póster que El Jueves publicó al año siguiente para recordar el primer aniversario del caso
---

(Foto de Guillermo y Manel sentados en el banquillo en 2007, en el blog de Forbidden Planet)

6 comentarios:

Jordi Bravo dijo...

Realmente no se si flagelando al bufón la monarquía o sus custodios pretenden silenciar posibles voces contrarias a estos estamentos arcaicos, pero es cierto que este tipo de acciones no levantan simpatías, menos aún en las zonas donde parte de la población se plantea si es legítima la imposición de un estado tutelador.
Y sobre la censura, parece que últimamente florecen los casos "extraños", como el de Ángel Sala, director del Festival de Cine de Sitges, denunciado por la Fiscalía de Barcelona por la exhibición de A Serbian Film. No parece que busquen delincuentes, sino establecer un marco de autocensura (doctrina del shock?), lo cual resulta revelador dentro de esta mal llamada democracia. Es triste ver como la justicia solo parece efectiva dependiendo de para quien trabaja. La reforma express de la Inamovible Constitución otro tanto.

Pepo Pérez dijo...

Gracias por recordar el caso de Ángel Sala, jordi, porque me pareció absolutamente increíble. Escribí algo al respecto en su día:

aquí

y aquí

Jordi Bravo dijo...

Si, ahora lo recuerdo gracias a los enlaces Pepo. Sobre todo el caso de Sala me parece representativo ya que no había causa alguna, pero es un método para que la gente actúe con pies de plomo. No digo que con el Jueves si hubiera caso, pero la monarquía es un feudo ambiguo del cual se desconoce la santidad que se le ha de profesar.

Simon Fun dijo...

Y en menor medida están cosillas como lo de Vigalondo y el Holocausto, por ejemplo. Los ánimos están muy crispados y todos se han vuelto unos señoritos, que es lo que pasa cuando anquilosas las formas sociales de tal modo que cuando ya no puedes homogeneizar a las nuevas generaciones la distancia entre unos y otros es abismal.

Con casos como el de Vigalondo o el de Ángel Sala (o el mismo del Jueves) una de las cosas que me repugnan más es el analfabetismo simbólico de la gente, el tener que recitarles una y otra vez eso que citas de Esto no es una pipa. Y que, encima, notes ese gusto por presentarse como en juez de la Buena Moral defendiendo una causa que, a lo mejor, ni siquiera se han molestado en reflexionar.

Pepo Pérez dijo...

Muchos de los que se han rasgado las vestiduras con este tipo de casos se han convertido exactamente en aquello que detestaron de jóvenes. Ahora son lo que fueron sus mayores, gente de mentalidad pacata, puritana, analfabeta simbólicamente hablando, como tú bien dices.

klaustoon dijo...

De todos modos, por lamentable que sea, la puesta en tela de juicio de la libertad de expresión no ha desaparecido nunca. Es cierto que hoy en día estamos llegando a un punto en el que, hagas lo que hagas (salvo jurar en televisión), siempre hay un colectivo que va salir a la palestra ofendido. En los 80 y los 90 sucedió con Hitler=SS, que fue un caso aún más dramático. De hecho, si la memoria no me falla, en España también se secuestró la edición que sacaron los de Makoki.

El problema es que hay colectivos que son intocables, y que hay individuos que están buscando razones para ofenderse. Lo de Vigalondo, por ejemplo (burlándose del negacionismo con una ironía) es de tarjeta roja para los de El País. Una cosa es reconocer cuando uno se equivoca. Otra muy distinta, desautorizar a un colaborador para evitar tener que verse involucrado en una polémica en la que, además, éste [ya, ya, no lleva tilde] tiene razón.

Vaya, qué calentón más tonto que me ha entrado.